Diputados de Vamos denuncian al contralor Flores por abuso de poder
- abril 30, 2026
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Diputados de Vamos denuncian al Contralor Anel Flores por extralimitación de funciones
La bancada solicita al Ministerio Público iniciar investigación por presunto abuso de poder
Denuncia y contexto
Seis diputados de la bancada Vamos presentaron este jueves una denuncia penal en contra del contralor general de la República, Anel Flores, por presunta extralimitación de funciones. La acción busca que el Ministerio Público abra una investigación formal debido a lo que califican como abuso de poder y persecución política.
Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, explicó que la denuncia se presentó tras agotar todas las vías de comunicación con la Contraloría, incluida una reunión suspendida el pasado lunes. Según Zúñiga, la retención de pagos a funcionarios adscritos a los despachos de ocho diputados independientes responde a una presión arbitraria por sus opiniones y posturas fiscales.
“Es una señal muy negativa, no solo para nuestra población, sino para la comunidad internacional, que aquí al que opine diferente lo señalen y lo presionen, reteniéndole el pago de sus funcionarios adscritos a nuestra bancada independiente”, afirmó.
Por su parte, la diputada Janine Prado sostuvo que el problema trasciende el ámbito político y afecta a todo el país. Criticó la falta de acción del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ante lo que considera una vulneración de derechos laborales de los trabajadores legislativos.
“Esto no se trata de ellos, sino de una persecución selectiva y arbitraria del contralor contra ocho diputados de la bancada Vamos, quienes hemos ejercido nuestro rol fiscalizador con contundencia”, indicó Prado.
Impacto en los funcionarios y respuesta de la Contraloría
Los diputados denunciaron que más de 39 funcionarios de ocho despachos no han recibido sus quincenas, algunos desde hace más de un mes, y en ciertos casos tampoco el pago del décimo tercer mes. Inicialmente, atribuyeron esta situación a sus posturas frente al proyecto de bioetanol.
Desde la Contraloría, en cambio, se sostiene que las medidas adoptadas responden al cumplimiento de la normativa vigente. En un comunicado fechado el 21 de abril, la entidad señaló que:
“Dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado”.
La Contraloría explicó que su función es verificar que los pagos se realicen conforme a las funciones asignadas y a los mecanismos de control establecidos. Destacó que las medidas se basan en resoluciones emitidas desde el año pasado para validar el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.
Además, informó que consultó a la Procuraduría de la Administración sobre el marcaje de asistencia en la Asamblea Nacional. Según la respuesta recibida, solo el presidente en ejercicio y el secretario general pueden exonerar a funcionarios de este requisito, lo cual no se ha cumplido en algunos casos.
Repercusiones y contexto político
La denuncia se da en medio de un clima político tenso, con una desaprobación del gobierno superior al 70%, según diversas encuestas. La bancada Vamos insiste en que su labor fiscalizadora ha sido firme frente a arbitrariedades que, según ellos, bordean la ilegalidad cometida por la Contraloría.
Este caso ha generado preocupación en sectores nacionales e internacionales sobre el respeto a los derechos laborales y al principio de independencia parlamentaria, temas que también son observados por organismos como la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas, que promueven la transparencia y la buena gobernanza.
Resumen
Diputados de la bancada Vamos denunciaron al contralor Anel Flores por presunta extralimitación de funciones y abuso de poder, tras la retención de salarios a funcionarios de sus despachos. La Contraloría defiende sus medidas como cumplimiento de la normativa vigente. La situación ha generado un llamado a la protección de los derechos laborales y al respeto de la autonomía legislativa en Panamá.
