Fundación alerta deficiencias en prevención de conflictos en Panamá

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestiona presunto conflicto de interés en el MOP

Caso del ministro José Luis Andrade pone a prueba la Ley 316 de 2022 sobre conflictos de interés en Panamá

Fundación advierte problemas estructurales en prevención de conflictos de interés en la administración pública

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, alertó sobre la persistencia de presuntos conflictos de interés en altos funcionarios públicos, evidenciando un problema estructural que requiere acciones preventivas más efectivas y no solo respuestas aisladas tras los hechos.

En un pronunciamiento titulado “Prevención: la clave contra los conflictos de intereses”, la organización destacó casos recientes relacionados con decisiones sobre bioetanol, misiones comerciales y actuaciones de ministros, entre ellos el de Salud y el de Obras Públicas, que reflejan deficiencias en la aplicación de la Ley 316 de 2022, normativa que regula los conflictos de interés en el sector público.

La fundación señaló que prácticas como las contrataciones directas, la opacidad sobre los beneficiarios finales de empresas contratistas y el respaldo político a estas acciones desde el más alto nivel del Ejecutivo, debilitan los principios fundamentales de integridad y transparencia en la gestión pública.

Rol de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)

La responsabilidad principal para prevenir estos conflictos recae en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley 316. La normativa obliga a los servidores públicos a presentar declaraciones juradas de intereses y establece la nulidad absoluta de actos administrativos cuando se confirme un conflicto de interés.

Caso del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade

La fundación resaltó que el caso del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, representa una prueba para la aplicación efectiva de la ley. Según el organismo, Andrade pasó de ser contratista del Estado a dirigir la institución encargada del contrato, autorizando posteriormente un aumento en el costo de la obra y dando por concluidos los trabajos.

Además, el grupo empresarial vinculado a la compañía de la que Andrade formó parte continúa siendo uno de los principales contratistas del Ministerio de Obras Públicas, lo que genera dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.

La organización cuestionó las declaraciones del ministro, quien afirmó no haber reportado su relación con la empresa por desconocer la obligación, lo que evidencia, según la fundación, no solo un posible incumplimiento normativo, sino también fallas en los mecanismos de control y aplicación.

El expediente ha sido remitido a la Corte Suprema de Justicia por la directora de la ANTAI, Sheila Castillo de Arias, en respuesta a una solicitud del exdiputado y dirigente del movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez, dado que esta instancia es la competente para investigar a ministros de Estado.

Demandas por mayor transparencia y control social

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana considera que este proceso es un precedente crucial para evaluar la efectividad de la Ley 316, cuya elaboración contó con la participación de diputados independientes y la incorporación de estándares internacionales, siguiendo ejemplos comparados con otros países.

Sin embargo, lamenta que durante la discusión legislativa se haya eliminado la publicidad efectiva y accesible de las declaraciones de intereses, una herramienta esencial para prevenir conflictos antes de que ocurran.

Además, la fundación advierte que la ANTAI enfrenta limitaciones técnicas para administrar y analizar más de 24 mil declaraciones juradas debido a la insuficiencia de capacidades digitales y la falta de mecanismos adecuados de transparencia que permitan el escrutinio ciudadano.

Para la organización, fortalecer la publicidad de las declaraciones, el control social y los estándares de conducta pública es indispensable para detectar riesgos, proteger la libre competencia en las contrataciones estatales y evitar la captura del Estado por intereses económicos.

Conclusión

La Fundación sostiene que, mientras estas herramientas no se incorporen como parte de una política integral de prevención, las instituciones seguirán reaccionando tarde ante casos de corrupción que podrían evitarse con mayor voluntad política e institucional.

La transparencia y la integridad en la función pública son pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un gobierno responsable, conforme a los principios respaldados por organismos internacionales como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Resumen

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advierte sobre la persistencia de conflictos de interés en la administración pública panameña, ejemplificado en el caso del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Señala deficiencias en la aplicación de la Ley 316 de 2022 y demanda mayor transparencia y control social para prevenir estos problemas estructurales. El caso ha sido remitido a la Corte Suprema de Justicia, y la fundación insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y fiscalización para combatir la corrupción de forma efectiva.

Fuente de la imagen: https://www.tvn-2.com/nacionales/fundacion-desarrollo-libertad-ciudadana-caso-ministro-obras-publicas-conflicto-de-intereses-jose-luis-andrade_1_2254094.html