Panama Ports Company apuesta por el diálogo tras fallo judicial

Panama Ports Company: “Nuestro plan no es retirarnos, sino dialogar con el Gobierno”

La empresa insiste en la negociación tras fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional el contrato de administración portuaria

Contexto y fallo judicial

Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison Holdings, reafirmó que no contempla abandonar Panamá tras la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato-ley para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El máximo tribunal determinó que no existe una concesión vigente y que el contrato suscrito con PPC es lesivo al interés público, vulnerando varios artículos de la Constitución Política. Esta decisión fue publicada en la Gaceta Oficial y ha generado incertidumbre sobre el futuro de estos puertos estratégicos.

Posición de Panama Ports Company

Alejandro Kouruklis, vocero de PPC, señaló que la empresa mantiene sus derechos mientras se desarrolla un proceso arbitral internacional por aproximadamente 2 mil millones de dólares. “Nosotros consideramos que los derechos de la empresa se mantienen, por eso es que hay un arbitraje”, explicó.

Kouruklis destacó que la concesión fue el resultado de una licitación pública, con un contrato elaborado y aprobado por el Estado y la Asamblea Nacional, y que ha atravesado siete administraciones gubernamentales con diversas modificaciones. “Treinta años después, la Corte dice que es inconstitucional”, indicó.

Además, rechazó que el contrato pueda calificarse como leonino o lesivo, tal como afirmó la Corte, y afirmó que la empresa no fue responsable de redactar las leyes ni los contratos involucrados.

Inversiones y contribuciones

El vocero resaltó que PPC ha invertido alrededor de 1,800 millones de dólares en el desarrollo de los puertos y que ha entregado 650 millones de dólares a Panamá en los últimos 25 años, una cifra que supera la contribución de otras terminales portuarias.

Este dato refleja la importancia económica y estratégica que la empresa ha tenido en la operación de los puertos, activos logísticos clave para la economía nacional, como señala el Banco Mundial.

Dudas sobre la transición operativa

Tras el fallo, el Gobierno anunció que APM Terminals Panama, subsidiaria de AP Moller–Maersk, asumirá temporalmente la operación de los puertos durante el proceso de transición. Sin embargo, Kouruklis cuestionó esta medida, argumentando que los equipos operativos son propiedad privada de PPC y no pueden ser utilizados por otra empresa.

Entre estos activos se encuentran 38 grúas pórticas, 75 grúas de patio, 180 chasis y más de 200 equipos adicionales, que, según el vocero, no pueden ser tomados por Maersk sin un acuerdo previo.

Llamado al diálogo y propuestas

En medio de la controversia, PPC reiteró que su plan no es retirarse, sino abrir un canal de diálogo con el Gobierno para encontrar soluciones conjuntas. “El camino que se está siguiendo puede causar un caos. La mejor solución es el diálogo”, advirtió Kouruklis.

La empresa también manifestó su disposición a revisar aspectos económicos del acuerdo, incluyendo negociaciones legales sobre los dividendos para Panamá, aunque desconoce si sus propuestas han sido evaluadas.

Este enfoque en la negociación recuerda procesos similares en el país y coincide con las recomendaciones de organismos internacionales para resolver conflictos mediante el diálogo y la mediación, como señala la Organización de las Naciones Unidas.

Incertidumbre y futuro

Mientras el fallo avanza hacia su ejecución formal, el futuro de la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal permanece en incertidumbre. Las decisiones gubernamentales y la apertura al diálogo serán determinantes para definir el rumbo de estos puntos neurálgicos de la logística panameña.

El caso también pone en evidencia la complejidad de los contratos públicos y la importancia de asegurar que estos cumplan con los marcos legales y constitucionales vigentes, un tema relevante para el desarrollo sostenible y la seguridad jurídica, aspectos destacados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Resumen

La empresa Panama Ports Company responde al fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional su contrato de administración portuaria, reiterando que no planea retirarse de Panamá. En cambio, propone el diálogo con el Gobierno para negociar y buscar soluciones que eviten un impacto negativo en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Mientras continúa un arbitraje internacional, la incertidumbre persiste sobre el futuro de estos activos estratégicos, cuyo manejo será clave para la economía nacional.

Image Source: https://www.tvn-2.com/nacionales/panama-ports-company-plan-no-es-irse-gobierno-puertos-en-panama_1_2228397.html